A fines de la década de 1970 el Perú comienza a verse envuelto en una serie de crisis económicas y sociales, reflejadas especialmente en los pueblos de la sierra, que desencadenan en el inicio de la guerra interna provocada por el terrorismo, en primera instancia por el movimiento terrorista Sendero Luminoso.
Fundado como Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso por el profesor ayacuchano Abimael Guzmán, da inicio a la lucha armada el 17 de mayo de 1980, con el incendio de ánforas electorales en el distrito de Chuschi, Ayacucho. Este acto fundacional refleja la intención y estrategia inicial de SL: subvertir el sistema político vigente en el país comenzando por los pueblos más olvidados de la serranía, las zonas más pobres y abandonadas por el estado, uniendo a sus filas a la población campesina o asesinándola si no se unía a su causa.
La democracia recién recuperada con el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, del partido de centro-derecha Acción Popular, no ve en estos actos un problema más serio que la crisis de la deuda externa o el fenómeno climatológico del Niño. De hecho, el senado desestima la conformación de una comisión parlamentaria investigadora de actos terroristas en 1981.
En 1982 se declara estado de emergencia y toque de queda en Ayacucho, epicentro de la actividad terrorista, que consigue primeras planas a nivel nacional, pero no una acción de inteligencia militar para frenarla. Matanzas como la de los ocho periodistas en Uchuraccay y las masacres en Huancavelica y Ayacucho (1983), provocan una sensación general de inseguridad en la población al interior del país. Durante el gobierno de Alan García, las matanzas del penal El Sexto (1984), Socos (1983) y Cayara en Ayacucho (1988) dan cuenta de un abuso de autoridad de parte del Estado y las Fuerzas Armadas, que en las comunidades campesinas aplicaba la técnica de tierra arrasada: si se sospecha que en una comunidad hay terroristas, en vez de investigar quiénes son, se asesina a parte importante de la comunidad, confiando que alguno era terrorista: una inhumana forma de aplicar la estadística a la lucha antisubversiva.
Mientras tanto, en Lima, la presencia terrorista se materializaba para la mayoría en los apagones y el racionamiento del agua con los que creció una generación. Los ataques en la capital se limitaron a comisarías, embajadas e instituciones estatales. Todavía no se sentía lo que estaba pasando en el centro del país.
En 1990, Alberto Fujimori gana las elecciones presidenciales y comienza un gobierno neoliberal que genera enormes crisis sociales y económicas, que él intenta paliar de manera demagógica y populista. El terror se desplaza hacia la selva y se da la primera gran matanza de Asháninkas, una de las comunidades indígenas más afectadas por el accionar de SL. Y mientras, en Lima, es el gobierno el que realiza acciones contra la vida, como la matanza de Barrios Altos (1991), uno de los crímenes atribuidos al grupo paramilitar Colina, en la que por un error táctico, una operación para asesinar a miembros senderistas en Lima terminó matando a quince personas inocentes del barrio vecino al que se habrían encontrado los presuntos senderistas.
Esta ola de violencia incontrolable obliga a que grupos de las Fuerzas Armadas pero especialmente de la Policía Nacional, comiencen a afinar sus tácticas de investigación y ataque. Es así que en 1992, año en que Fujimori de un autogolpe de Estado en el que disuelve el Congreso con el apoyo de buena parte de las Fueras Armadas; año en que se da el ataque terrorista más grande de Lima, el atentado a la calle Tarata en Miraflores; el año en que también es asesinada la líder popular María Elena Moyano en Villa El Salvador; es atrapado Abimael Guzmán, en Lima, gracias a una discretísima investigación del Grupo Especial de Inteligencia de la DINCOTE (Dirección Nacional contra el Terrorismo).
Pero el terror está lejos de terminar. Apoyándose en los logros conseguidos en su período de gobierno, Fujimori atiza el miedo de la población a rebrotes terroristas y guerras limítrofes, invistiéndose de poderes ilimitados, junto con los militares, para continuar la lucha antisubversiva. Así, en 1995 se da la Ley de Amnistía General para militares y se abre el camino para la reelección de Fujimori, trabajando ya abiertamente en conjunto con Vladimiro Montesinos, asesor presidencial y director del SIN (Servicio Nacional de Inteligencia).
Efectivamente reelegido, continuará su gobierno en medio de escándalos. El pueblo se divide a favor y en contra de su gobierno y en 1998 comienza una ola de movilizaciones populares entre las que destaca la de los estudiantes universitarios.
En el 2000, el JNE acepta una nueva y cuestionada postulación de Fujimori para las elecciones presidenciales de ese año. La misión de la OEA que supervisa las elecciones no aprueba el proceso y en segunda vuelta, ante la renuncia de Alejandro Toledo a participar por la ilegalidad de la situación, Fujimori es polémicamente reelegido. Pero ese año se desata el escándalo: sale a la luz el primer vladivideo (videos grabados por Vladimiro Montesinos, registrando sus millonarios sobornos a congresistas, dueños de medios de comunicación, jueces y militares), prueba suficiente para que comenzara la caída del régimen, más no aún un proceso de justicia.
Fujimori renuncia a la presidencia desde Japón y Valentín Paniagua es declarado Presidente del Período de Transición. Es en su gobierno que se establece la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), encargada de investigar los hechos ocurridos en el período 1980 – 2000, correspondientes a la lucha armada, subversiva y antisubversiva, a investigar sobre los abusos y violaciones cometidas y a señalar a los culpables.
Sobre dicha investigación y sus conclusiones está basada esta película, Estado de miedo.
